El negocio de la violencia en América Latina

Por
violencia urbana

Pregúnteles a las personas en ciudades de América Latina qué es lo que más les preocupa hoy en día y es probable que entre sus principales respuestas se encuentre la inseguridad. América Latina está experimentado niveles de violencia letal que, en países como El Salvador, exceden los registrados durante las guerras civiles de finales del siglo XX, solo que la violencia actual se despliega en las calles de las principales ciudades de la región. Desde Ciudad Juárez hasta San Salvador, desde Caracas hasta Río de Janeiro, la inseguridad en medio del crimen y la violencia es una preocupación creciente para los legisladores y los ciudadanos. Las comunidades empresariales de la región cada vez protestan más por las amenazas a la inversión y la productividad. Sin embargo, no son solo las empresas las que se preocupan por que la inseguridad espante a los inversionistas extranjeros, debilite el emprendimiento nacional y reduzca las ganancias. Según lo que descubrí cuando realicé mi investigación en algunas de las ciudades más violentas de América Latina, poderosos actores criminales también sienten una gran preocupación por el desarrollo económico local y la imagen que tienen sus ciudades entre los inversionistas extranjeros.

Considere el siguiente extracto de una entrevista que realicé en Medellín, Colombia, en el 2009, a Fabio Orlando Acevedo (alias “Don Efe”). Don Efe fue líder de una de las unidades paramilitares más poderosas en la ciudad: el Bloque Cacique Nutibara, pero al momento de la entrevista llevaba seis años en un proceso de desmovilización coordinado por las autoridades locales y nacionales. Durante los años noventa, Medellín fue considerada una de las ciudades más violentas del mundo, pero hacia la fecha de nuestra entrevista ―9 de enero de 2009―, fue proclamada como modelo de ciudad por afrontar la violencia urbana a través de un enfoque en el fortalecimiento del Estado de derecho, la reducción de la inequidad socioeconómica y la mejora de la participación ciudadana en el gobierno local. Como lo destacó Don Efe:

Medellín es una nueva ciudad… han surgido nueva empresas y la ciudad es un imán para los negocios internacionales; se están construyendo hoteles de cuatro y cinco estrellas, ha regresado el capital extranjero y se ha reducido significativamente la tasa de homicidio, que es como se mide la seguridad en el exterior.

Pero, ¿por qué el exlíder de un violento grupo armado hace eco de los intereses de las empresas? Y más ampliamente, ¿qué papeles juegan las empresas y los criminales en configurar las formas en que las ciudades responden a la violencia?

Yo abordo estas preguntas en mi nuevo libro, Cities, Business, and the Politics of Urban Violence in Latin America (Ciudades, Negocio y Políticas de la violencia urbana en América Latina), en el que comparo la naturaleza y trayectoria de las formas diametralmente diferentes en que las tres ciudades principales de Colombia ―Bogotá, Cali y Medellín― respondieron a la violencia local en el curso de casi tres décadas. Mi análisis se basa en entrevistas con criminales del pasado y el presente, líderes empresariales, representantes de la sociedad civil, políticos y ciudadanos del común. ¿Qué encontré?

Un hallazgo general es que las respuestas a la violencia se ven profundamente configuradas por la política. Esto puede parecer algo de sentido común, pero vale la pena desentrañarlo ya que uno de los temas recurrentes entre las agencias de desarrollo es que la clave para reducir eficazmente la violencia es despolitizar el asunto. No obstante, a medida que aumenta la preocupación pública por la criminalidad, también lo hace la relevancia política. Las elecciones locales y nacionales en América Latina dependen cada vez más de la resonancia que tenga entre los votantes los planes de los candidatos para confrontar la inseguridad. Sin embargo, las respuestas a la violencia urbana también son inherentemente políticas porque pueden preservar o reformar la distribución de los recursos y el poder en una región caracterizada históricamente por la inequidad socioeconómica y la política excluyente. Algunas ciudades lanzan respuestas a la violencia que favorecen tácticas radicales o de “mano dura”, pero que hacen muy poco por afrontar los causantes socioeconómicos y políticos de la violencia urbana, mientras que otras optan por proyectos más participativos que posicionan el fortalecimiento de la ley y el orden dentro de planes políticos más amplios, con el fin de reducir las desigualdades de larga data y aumentar la voz política de las poblaciones marginadas en barrios violentos. Entre más pronto reconozcamos la naturaleza política de las respuestas a la violencia, más rápido podemos trabajar en la creación de condiciones que hagan esas respuestas más efectivas y sostenibles.

Pero, ¿qué explica por qué las ciudades buscan en primer lugar respuestas tan diferentes a la violencia? Hay dos factores que pueden ayudarnos a responder esta pregunta. El primero es el carácter de las relaciones entre los gobiernos de ciudad y los intereses de las empresas locales dominantes. Los fuertes vínculos entre los sectores público y privado a nivel local facilitan la socialización de recursos e información, generan confianza y ayudan a resolver conflictos. En mi libro demuestro que los fuertes vínculos público-privados facilitaron el avance de las respuestas participativas a la violencia urbana en Medellín y Bogotá. En ambas ciudades, el gobierno local y los intereses empresariales colaboraron exhaustivamente para desarrollar y sostener respuestas innovadoras a la violencia urbana. A su vez, la atención nacional e internacional a las respuestas políticas generó capital político e inversión extranjera, al tiempo que se abordaba la inequidad y se profundizaba la participación política. Sin embargo, cuando hay ausencia de fuertes vínculos es mucho más difícil sostener respuestas similares a la violencia. Este es el caso de Cali, cuyos esfuerzos tempranos por lograr una respuesta participativa a la violencia en los años noventa fracasaron en parte porque los débiles vínculos público-privados colapsaron en un conflicto político rotundo que mermó el apoyo y la capacidad para redistribuir los recursos y el poder como una forma de confrontar la violencia. Pero si bien desentrañar las relaciones del sector público-privado es crítico para entender cómo las ciudades responden a la violencia urbana, esto no es suficiente.

Los diferentes tipos de control territorial entre grupos armados al interior de las ciudades generan distintos retos y oportunidades políticas para hacer frente a la violencia. Las respuestas participativas a la violencia enfrentan la mayor amenaza en las ciudades donde existen muchos actores armados con una alta capacidad para la violencia letal y que compiten activamente entre sí para controlar el territorio y las cuotas del mercado ilícito. Esta dinámica tenía lugar en Cali, donde los altos niveles de violencia resultantes minaron el apoyo y la capacidad política para la respuesta participativa. Por el contrario, los escenarios con muchos actores armados pero que cuentan con una baja capacidad para involucrarse en la violencia sostenida producen relativamente menos violencia y pocos retos para la autoridad estatal a nivel local. Este era el caso de Bogotá.

Pero, ¿qué dinámicas de control territorial en Medellín ayudaron a que se convirtiera en un modelo global de gobierno urbano? Aquí podemos volver al curioso entusiasmo de Don Efe por la inversión y el turismo ―sentimientos que parecerían fuera de lugar viniendo de un actor responsable de una gran parte del desorden y la violencia―. Sin embargo, en mi libro describo cómo Don Efe y sus aliados criminales cercanos utilizaron la violencia para fraguar un monopolio territorial. La disminución de la violencia letal le permitió al gobierno y las empresas locales sostener el apoyo político para el proyecto participativo, a la vez que le permitió a las hegemonías criminales continuar operando una variedad de economías ilícitas, desde el narcotráfico hasta la extorsión y la apropiación de tierras. De esta manera, el “milagro” de Medellín se debe en parte a la compleja convivencia entre líderes políticos, intereses empresariales y poderosos actores criminales.

¿Qué nos dicen estos hallazgos sobre los retos y las oportunidades que tienen las ciudades del mundo en desarrollo al confrontar la violencia? Primero, que la política brinda un punto de partida poderoso, tanto a los académicos, como a los legisladores, para entender mejor los factores que moldean las respuestas a la violencia urbana; segundo, que la colaboración entre los sectores público y privado puede contribuir en gran medida hacia el avance y sostenimiento de proyectos que encaren los principales causantes de la violencia; y tercero, que abordar la violencia urbana puede requerir interacciones difíciles y controversiales entre actores formales e informales: interacciones cuyas implicaciones a largo plazo para la democracia y el desarrollo ameritan una mayor investigación.

Eduardo Moncada

Eduardo Moncada es Profesor Asistente de Ciencia Política en Barnard College, Universidad de Columbia, en Nueva York. Es autor de Cities, Business, and the Politics of Urban Violence in Latin America (Stanford University Press, 2016) y varios artículos sobre crimen, violencia, democracia y desarrollo.

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