Agricultura familiar en Colombia y su aporte a la paz

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Agricultura familiar en Colombia

La agricultura familiar en Colombia: estudios de caso desde la multifuncionalidad y su aporte a la paz, una coedición entre la Editorial de la Universidad Cooperativa de Colombia (UCC), la Uniminuto y la Confederación Agrosolidaria de Colombia, es el resultado de una investigación motivada por el Año Internacional de la Agricultura Familiar (2014), que invitó a centrar la atención mundial sobre el papel de los agricultores familiares, su contribución en la mitigación del hambre, la pobreza, la seguridad alimentaria y la protección del medio ambiente. Investigadores de distintas disciplinas y universidades aunaron esfuerzos para contribuir en la caracterización de la agricultura familiar en Colombia: una producción colectiva que reitera que la cooperación y la solidaridad también funcionan en la generación de conocimiento. Como expresa Elonor Ostrom (2012):

Al menos en principio, la investigación colaborativa ofrece las mejores posibilidades para un análisis comparativo más general sin sacrificar la calidad de la información. Este tipo de investigación ofrece el potencial de recolectar mayores cantidades de datos, de realizar investigación comparativa más amplia y de utilizar de manera competente una mayor gama de métodos. A diferencia del investigador individual, quien, se supone, tiene que saber hacerlo todo, los colaboradores pueden combinar sus datos y aprovechar habilidades metodológicas complementarias (p. 63).

A pesar de su trascendencia nacional e internacional, la agricultura familiar es un concepto relativamente nuevo en el país, es decir, localiza el centro de la investigación en un área de ignorancia científica básica pero al mismo tiempo se ubica en el corazón de un problema social.

La agricultura y el desarrollo rural —temas tratados en el primer apartado del libro— han vuelto a ocupar la atención de académicos, Gobiernos e instituciones internacionales. Se estima que cerca del 70% de los alimentos en el mundo son producidos por agricultores familiares. En América Latina y el Caribe, las explotaciones agrícolas familiares representan el 81,3% del total de fincas de la región y generan entre el 57 y el 77% del empleo agrícola en la región (FAO/BID, 2007; FAO, 2012). En Colombia, esta representa el 87% de los productores y aporta más del 50% de la producción agropecuaria.

Sin embargo, la contribución de la agricultura familiar ha sido subvalorada: se impuso el paradigma de los agronegocios, los mercados y la gran producción, desconociendo el aporte que hacen los agricultores en pequeña escala, y se implementaron políticas que enfatizan en la productividad y solo ven “empresarios” en vez de agricultores, “empresas” en vez de familias, “mercados” en vez de seguridad alimentaria y sostenibilidad ambiental.

Volver la mirada sobre la familia agricultora implica una mayor complejidad. No se trata solo de verla como un actor económico; la familia, en sus connotaciones antropológicas, sociológicas y culturales, es un actor más complejo que un simple “pequeño productor”: abarca la particularidad de sus relaciones sociales y roles, su relación cultural con el entorno, su reproducción como núcleo social, su anclaje territorial y sus implicaciones en los aspectos productivos y económicos.

Al abordar el análisis de la agricultura familiar desde una perspectiva de la multidimensionalidad y multifuncionalidad, los investigadores abren nuevos caminos de investigación, confrontando las miradas unidimensionales y economicistas que han primado a la hora de abordar el análisis de los agricultores colombianos.

Como se sabe, el Gobierno nacional inicio una negociación con la guerrilla de las FARC tendiente a poner fin al conflicto armado. Los diálogos pusieron el tema agrario como uno de los puntos fundamentales de la agenda, logrando lo que se ha denominado el acuerdo conjunto “Hacia un nuevo campo colombiano: reforma rural integral”. La reforma rural implica reconocer la realidad que viven las familias agricultoras y no simplemente reinsertar a la vida civil a hombres y mujeres de los grupos armados. Ante todo, se trata de reinsertar a la sociedad al desarrollo y, especialmente, a las familias agricultoras, desplazadas y victimizadas por los actores armados y económicos que expoliaron el campo colombiano.

La consolidación de una verdadera paz en los territorios demanda una economía más democrática, políticas integrales para la ruralidad y una sociedad civil participante y activa. Existe una estrecha relación entre agricultura familiar y economía social o solidaria, tanto en los actos económicos que acontecen en el seno de la familia, como en su relacionamiento con el resto de la economía. Para Karl Polanyi (1944), otras formas de realización de la economía, además del mercado, son la reciprocidad y la redistribución. Estas son prácticas muy comunes en las familias agricultoras que producen no exclusivamente para mercados. Pero, en una economía globalizada y de acumulación individual, los pequeños productores se enfrentan a grandes capitales que concentran la propiedad de la tierra, a tecnologías que imponen paquetes con insumos y modos de producción, a mercados globalizados que monopolizan redes de comercialización, imponen bajos precios al productor e inundan con productos los mercados, lo que destruye economías locales. Superar estas dificultades requiere revisar las lógicas económicas actuales: si las lógicas neoliberales siguen primando, es indudable que la agricultura familiar continuará en desventaja.

La construcción de la paz en Colombia requiere de organizaciones sociales que promuevan y defiendan los derechos humanos en una sociedad que tendrá que restituir y facilitar el acceso a las tierras a cerca de siete millones de desplazados; organizaciones que defiendan el patrimonio cultural y ambiental ante un extractivismo que arrasa con las fuentes de agua, los bosques y la biodiversidad; organizaciones que además contribuyan a organizar la producción estableciendo otras lógicas en las finanzas, el comercio y el consumo, para hacerla más eficiente y sostenible. Se necesita una sociedad civil organizada, capaz de administrar los bienes colectivos y comunitarios, prestar servicios públicos sin que los derechos se vuelvan simples mercancías.

Así como la paz necesita un marco jurídico que le dé institucionalidad, un marco cultural que permita el perdón y la reconciliación, la paz también requiere una economía que permita su consolidación; la paz necesita una economía más solidaria y en ella las familias agricultoras tienen un espacio para su desarrollo y protección.

 

Jarrison Martínez C.

Sociólogo y politólogo, con una Maestría en Administración. Actualmente es el Director de Investigaciones del Instituto de Economía Solidaria y Cooperativismo, Indesco, de la Universidad Cooperativa de Colombia.

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Comentarios

  1. Jarrison, buenos días: felicitaciones por el excelente escrito sobre la agricultura familiar. Además de coyuntural y pertinente, el documento constituye una fuente de orientación, en el que la economía solidaria vuelve a cobrar sentido dentro de nuestro territorio, pero con programas y proyectos que involucren a todos los actores en igualdad de condiciones.
    Cordial saludo.

  2. Profesor Jarrison, excelente artículo. Hace hincapié en la necesidad de replantear el modelo neoliberal, rescatar y valorar la economía campesina del país.